La Federación de Acopiadores de Granos alerta sobre una insólita y grave situación. Según información disponible y notificación de operadores, un grupo de empresas exportadoras multinacionales, que como tal ejercería una posición oligopólica y dominante del mercado, estaría comenzando a exigir que los acopios y cooperativas les informen las hectáreas de cada productor, el nombre de cada establecimiento, la localidad y provincia del campo, así como el RENSPA del productor que comercializa su soja a través de acopios y cooperativas. A su vez obligaría a todos los productores que venden directamente, a brindar información que es confidencial y que nada tiene que ver con sus operaciones específicas.
“En la historia de nuestro mercado de granos han existido múltiples discusiones y hasta presentaciones en organismos públicos sobre diversos aspectos relacionados con el comercio de granos y la actividad de las empresas exportadoras. Pero jamás pasó por la imaginación de alguien que la exportación pudiera llegar a exigir, coercitivamente, que los acopios y cooperativas les informen la cartera de sus clientes, violentando el principio elemental de preservación y protección de los datos comerciales de cada cliente”, sostienen desde la entidad que nuclea a los acopiadores.
“La exportación no tiene autoridad legal, moral ni comercial para erigirse en comisario de los productores argentinos”, señalan desde la Federación de Acopiadores. Y acotan: “Estamos ante un intento evidente de apropiación de datos comerciales sensibles que apunta a eliminar en el tiempo a los acopios y cooperativas para ejercer un dominio total del mercado granario”.
La entidad califica la maniobra como inviable, ofensiva, innecesaria e ilegal. Es inviable técnicamente informar que los camiones con granos que salen de una planta de acopio corresponden específicamente a determinado productor/cliente que los hubiese originado. Ofensiva porque vulnera el principio elemental de protección de datos comerciales y la confidencialidad de los clientes. Innecesaria porque ya existen mecanismos confiables para certificar compromisos ambientales internacionales, como el sistema VISEC, coordinado por actores del propio sector exportador, que resguarda el secreto comercial mediante datos encriptados. E ilegal, porque la exigencia violaría la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y disposiciones del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial.
Desde la Federación de Acopiadores recuerdan además que incluso los sistemas oficiales de registración, como SIO-Granos, preservan el secreto comercial, por lo que la pretensión exportadora excedería lo establecido por la normativa pública vigente.
“La excusa de un supuesto ‘road map climático’ creado por las propias empresas no puede justificar una intromisión de esta magnitud”, indican. “Resulta contradictorio que quienes participan activamente del sistema VISEC, diseñado justamente para compatibilizar trazabilidad ambiental y confidencialidad comercial, impulsen ahora un esquema paralelo que vulnera ambos principios”, acotan los acopiadores.
La Federación de Acopiadores advierte además que este comportamiento podría configurar una violación directa a los incisos d, e, j y k del artículo 10 del Decreto 274/2019, que habilita a los afectados a iniciar acciones judiciales para hacer cesar la práctica y reclamar daños y perjuicios.
Finalmente, la entidad informa que está haciendo pública esta advertencia ante las organizaciones representativas de productores y corredores de granos para coordinar un plan de acción conjunto que impida la implementación de estas exigencias.
“La comercialización de granos en la Argentina se sostiene sobre reglas claras, competencia leal y respeto por la confidencialidad. Cualquier intento de concentración abusiva del mercado será enfrentado institucionalmente”, concluyen.